OAKLAND, Calif. — Rosa María Carranza se inclinó para sostener la espalda de una niña de 3 años mientras la pequeña trepaba una roca en las colinas boscosas del noreste de Oakland.
Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.
Carranza, una profesional del desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.
Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si cumplen con los requisitos de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.
Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y KFF Health News. Pero Carranza y un estimado de 100.000 inmigrantes con presencia legal pronto quedarán excluidos de Medicare.
La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.
Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.
“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, publicó Trump en Truth Social dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”
Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo excluir a residentes legales de Medicare.
Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.
Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante su primer mandato.
Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal, con riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.
“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.
“Bajo ataque constante”
Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, matando a más de 1.100 personas y desplazando a 1,3 millones.
El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.
Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos si regresar a su país representa un riesgo.
Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.
También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.
La recompensa se suponía que sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.
La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, subsidios en el mercado de seguros de salud y servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, subsidios de vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye KFF Health News.
Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.
Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.
“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.
Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron $6,4 mil millones a Medicare y $25.7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en $5,1 mil millones para 2034.
Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal no tiene precedentes.
“Esta es en realidad la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.
A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.
Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.
“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.
Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.
A finales del año pasado le diagnosticaron presión arterial alta, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. Un médico en el hospital local le dijo que tenía artritis.
Dijo que fueron momentos preocupantes pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.
El estrés de saber que perderá su seguro de salud, y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo ataque constante”.
Sin un lugar a donde ir
En California, hogar del mayor número de adultos mayores inmigrantes, Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año el estado congeló la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como Illinois y Minnesota también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.
En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.
“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.
Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán cobertura, incluidos adultos mayores.
La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.
Una señal del futuro
En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que la dio de baja como resultado.
Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.
La experiencia la dejó afectada.
“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.
Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años. También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.
En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila gruesa de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de identificaciones de trabajo emitidas por el gobierno federal.
“Mi vida está en esa caja”, dijo.
Este artículo fue producido en colaboración con El Tímpano, una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.
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Personas mayores inmigrantes pierden la cobertura de Medicare a pesar de haberla pagado
